Respalda Consejería Jurídica alianza nacional de seguridad, justicia y legalidad

· Actores políticos y sociedad deben cerrar filas en aras de la seguridad y la legalidad en Tabasco, dijo

· Refrenda el compromiso del Poder Ejecutivo, a favor de la modernización del sistema de seguridad y justicia penal

Villahermosa, Tabasco.- Sobre el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Miguel Alberto Romero Pérez, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, apuntó que esta alianza nacional, entre actores políticos y sociales, es fundamental para construir una estrategia contra la inseguridad, así como por la defensa y fortalecimiento de la legalidad en el país.

Romero Pérez hizo hincapié en la voluntad de todos los sectores para cerrar filas, en aras de fortalecer la seguridad del estado. Indicó que ésta es una labor y responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.

El funcionario estatal explicó que ese pacto nacional es un documento que contempla fomentar programas de difusión sobre la cultura de la legalidad y la seguridad, además de la práctica de la denuncia, el combate a las adiciones, los derechos humanos y la transparencia, así como en el establecimiento de medidas preventivas, tales como la recuperación de espacios públicos, la protección de instituciones educativas y el tratamiento de las adicciones.

En este sentido, resaltó la importancia de sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de vivir en un ambiente de respeto al Estado de Derecho y a la legalidad.

El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo explicó que a partir de este documento se han establecido mecanismos que proponen apoyar a las entidades federativas en el combate a delitos tan sensibles para la sociedad como el secuestro, por lo que se prevé la formación o fortalecimiento de unidades estatales para la lucha en contra de ese delito, para dar cumplimiento a las instrucciones del gobernador Andrés Granier.

Explicó que entre los acuerdos se contempla reasignar recursos y partidas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como adecuar el modelo de coordinación entre las autoridades federales y de los estados, para garantizar la responsabilidad compartida en materia de seguridad pública.

Romero Pérez refrendó el compromiso del Poder Ejecutivo a favor de la modernización del marco jurídico, a fin de poner en práctica reformas al sistema de seguridad y justicia penal.

Añadió que en Tabasco se está impulsando la instrumentación de reformas constitucionales en esa materia, tomando acciones concretas; “los Poderes Ejecutivo y Judicial colaboran hacia un proyecto integral y presentarán conjuntamente iniciativas de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal para la entidad”, explicó.

Exhortó al Congreso local a realizar lo conducente con sus aportaciones y, en especial, a favor de la unidad y el progreso de Tabasco. "Si queremos que esto prospere tiene que haber un absoluto compromiso de los actores políticos y sociales”, agregó.