Presentan cuatro puntos de acuerdo en sesión de la Comisión Permanente

Villahermosa, Tabasco.- En sesión de la Comisión Permanente, fueron presentados este medio día cinco propuestas de punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades de los gobiernos federal, estatal, así como para solicitar la comparecencia de funcionarios de la administración pública de la entidad.

En primera instancia, la diputada Amalín Yabur Elías, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), puso a consideración una propuesta en la que solicita al Ejecutivo federal, mediante la utilización de los mecanismos constitucionales, el aplazamiento indefinido para la entrada en vigor del Derecho de No Inmigrante (DNI), derivado de la Ley Federal de Derechos para los visitantes locales que arriben al país.

En la exposición de motivos, señaló que la importancia del turismo para la economía nacional es indudable y los beneficios no sólo se reflejan en una industria que genera empleos, sino que además es un factor de difusión de atractivos culturales y encantos naturales. De manera especial, destacó el llamado turismo de cruceros, que produce un impacto económico para México de 600 millones de dólares y genera más de 20 mil empleos directos.

Comentó que como puerto, Cozumel se ha convertido en el principal destino del mundo, pero precisó que hay otros puertos mexicanos que emergen como alternativas, como es el caso de Dos Bocas, Tabasco, que el próximo año recibirá los primeros cruceros.

En este sentido, explicó que la Ley Federal de Derechos, aprobada en 2007, establece un cobro de 56 pesos a los visitantes locales por concepto de DNI, entre los cuales se encuentran los pasajeros de cruceros turísticos que llegan al país, concepto, dijo Yabur Elías, que va en contra de los tratados internacionales firmados por México, ya que el país está obligado a facilitar el acceso a los visitantes extranjeros.

Agregó que estimados indican que el gasto promedio por pasajero el año pasado fue de 72 dólares sin pagar impuesto alguno al bajar del barco, por lo que añadir cobros desalentaría a los paseantes a desembarcar.

La propuesta fue turnada por el diputado presidente, José del Carmen Escayola Camacho, a las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico para análisis, discusión y presentación de acuerdo o dictamen que en su caso proceda.

Comparecencia del secretario de Finanzas

Posteriormente, el legislador Alipio Ovando Magaña, de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, dio lectura a una propuesta con punto de acuerdo de su homólogo Oscar Cantón Zetina, a fin de solicitar la comparecencia ante el Congreso del secretario de Administración y Finanzas del estado, José Manuel Sáiz Pineda.

Lo anterior, para que explique por qué ordenó a la titular del Instituto Estatal de Cultura que mintiera sobre el tabulador salarial que subió a su portal de transparencia, así como también por qué obstruyó la publicación del tabulador salarial del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco.

De igual forma, solicita la comparecencia del presidente del Instituto Tabasco de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ittaip), Jorge Abdó Francis, para que informe y explique por qué no ha cumplido su obligación de vigilar el cumplimiento y la estricta observancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

En la exposición de motivos, se señala que la actuación pública del secretario de Administración y Finanzas ha dejado mucho que desear y despertado fuertes sospechas en el manejo del erario estatal, recordándose el desorden administrativo durante 2007 por el endeudamiento de 4 mil millones pesos, los 8 millones de pesos en efectivo que, en plena contingencia, presuntamente fueron sacados del estado en una avioneta.

Recalcó que, en esta ocasión, las acusaciones de irregularidades no han provenido de opositores al régimen estatal sino de funciones que, en plenas facultades dentro del gabinete estatal, han señalado al secretario de Finanzas como el autor de los problemas en sus dependencias.

El documento hace referencia a que Gustavo Rosario Torres, cuando aún era procurador de Justicia, declaró que la dependencia a su cargo tenía autorizados 480 millones de pesos, pero que estaba operando con 320 millones porque Finanzas le había recortado el presupuesto.

Asimismo, se reporta que la directora general del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita, que había reportado ganar mucho menos sueldo de lo que percibe. Mientras el gobierno estatal indicaba que a esa categoría corresponde un sueldo de entre 51 mil y 19 mil pesos, el IEC informaba que su titular percibía 11 mil 500 pesos. Al respecto, la funcionaria dijo que ganaba 51 mil pesos, pero que la Secretaría de Finanzas le dio instrucciones para que mintiera sobre su salario en el portal de transparencia.

Otro caso mencionado en el documento es el del Instituto para el Fomento a las Artesanías de Tabasco, en cuyo portal de transparencia señalaban que el tabulador de sueldos estaba en trámite ante la dependencia que preside Sáiz Pineda. Otras cinco instituciones tampoco han hecho pública esta información sobre sueldos: el Instituto de Vivienda de Tabasco, la Central de Abastos de Villahermosa, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, el Rastro Estatal y el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas.

Sobre estos hechos, Cantón Zetina refiere en su propuesta que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la obligación de que los sueldos de los funcionarios se difundan, por lo que también estima necesario que el titular del Ittaip rinda cuentas ante el Congreso.

Acciones en materia de seguridad

Por su lado, el parlamentario José Antonio De la Vega Asmitia, de la fracción parlamentaria del PAN, puso a consideración de los integrantes de la Comisión Permanente una propuesta con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo tabasqueño a que, en su carácter del Consejo Estatal de Seguridad Pública, convoque a la brevedad a una sesión extraordinaria.

El propósito, diseñar las acciones y estrategias que permitan dar cumplimiento cabal y expedito a los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El legislador del PAN argumentó que Tabasco ha sido afectado de manera importante por la ola de inseguridad que golpea al país, advirtiendo que ya hay empresarios que, ante la falta de garantías, han empezado a emigrar a otras entidades, pues ven amenazado su patrimonio y, sobre todo, a la integridad física propia y de sus familias.

En respuesta a este tipo de hechos que ocurren en casi todas las regiones del país, recordó que el presidente Felipe Calderón convocó a suscribir el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el que los tres poderes, las entidades federativas, los municipios, los diversos sectores y los medios de comunicación se comprometieron a emprender acciones en el ámbito de sus responsabilidades, encaminadas a una estrategia integral y de unidad frente a la delincuencia.

Específicamente, Tabasco se comprometió, por conducto del gobernador, a crear un centro de evaluación y control de confianza certificado; incrementar y etiquetar la asignación de recursos para la operación y desarrollo de las instituciones policiales, de procuración de justicia y readaptación social; replicar a nivel estatal el sistema nacional de desarrollo policial, entre otras acciones.

Dichos compromisos, enfatizó De la Vega Asmitia, requieren que se les dé cumplimiento de tres meses a un año, razón por la que consideró no demorar el diseño de las estrategias y acciones, en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad.

Reducción de cuotas por servicio educativo en el Colegio de Bachilleres

En tanto, el diputado Alipio Ovando Magaña propuso exhortar al Ejecutivo de la entidad a que instruya a la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) a reducir el costo de la cuota por el servicio educativo proporcionado para la certificación de estudios de los alumnos que ingresan a las distintas universidades de la entidad.

En la exposición de motivos, manifestó que el artículo 3 de la Constitución Política federal establece que toda la educación que imparta el Estado será gratuita, pero lamenta que los padres de familia, especialmente los de escasos recursos, hacen hasta lo imposible por enviar a sus a hijos a cursar estudios en planteles públicos.

Indicó que uno de estos planteles, el Colegio de Bachilleres de Tabasco, se trata de un organismo descentralizado que cuenta con diversas escuelas en toda la entidad. Pero los egresados de éste son obligados a legalizar sus certificados de terminación de estudios, sin que haya una razón lógica ni jurídica para ello, pues la Ley General de Educación, en sus artículos 10 y 60, garantiza que los estudios dentro del sistema educativo nacional son válidos en toda la República.

No obstante ello, tanto el gobierno de la entidad, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, como el propio Cobatab, cobran al alumno o padre de familia por tal concepto. El primero lo hace con la tarifa establecida en la Ley de Hacienda del Estado, 99 pesos; pero el segundo lo hace de manera arbitraria y establece un pago de 195 pesos que deberán depositarse en cuenta bancaria.

A estos pagos, añade Ovando Magaña, deben sumarse las erogaciones por concepto de transporte a quienes viven fuera de Villahermosa; perder los días de trabajo que se requieren para hacer los trámites y recoger el certificado, a fin de llevarlo a legalizar a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

También precisa que el gobernador es el responsable director de los nombramientos de quienes integran la Junta Directiva del Cobatab, entre ellos, la dirección general de ésta y los directores de los planteles; los secretarios de Educación, Planeación, Contraloría y Desarrollo Administrativo.

El punto de acuerdo fue remitido a la Comisión de Educación, Cultura y Servicios Educativos, para lo que proceda.

Indemnización a ejidatarios por daños con motivo de las inundaciones

Ovando Magaña también propuso exhortar al gobierno federal a efectuar las indemnizaciones correspondientes a los titulares de las parcelas ejidales de los municipios de Cunduacán, Nacajuca y principalmente Jalpa de Méndez, que han sido afectados durante el año, al igual que en 2007, en sus tierras, cultivos y pastizales con motivo de las inundaciones provocadas por la turbinación en las presas del alto Grijalva.

Recordó que la gran inundación del año pasado, en 80 por ciento del territorio estatal, fue provocada principalmente por el mal manejo de los embalses del alto Grijalva, ubicados en el vecino estado de Chiapas.

A consecuencia de ello, la economía de Tabasco quedó deteriorada, todos los sectores productivos fueron severamente golpeados, pero fue la población más necesitada, resaltó, la que resintió más esta tragedia, como los ejidatarios de los municipios mencionados.

Aclaró que esta situación ha empeorado en 2008 porque el Ejecutivo estatal decidió recortar más de 50 por ciento al presupuesto al sector agrícola, en tanto que en el ámbito federal, acceder a los programas de este orden es muy complicado por el burocratismo y la cantidad de requisitos y trámites a realizar.

Para rematar, sostuvo Ovando Magaña, este año la región de La Chontalpa sigue inundada a causa de la turbinación de las presas hidroeléctricas, motivo por el cual los presidentes municipales de esta zona han hecho públicos los daños causados. En Jalpa de Méndez, por ejemplo, han resultado afectadas 70 mil hectáreas, además de que podrían desaparecer 18 comunidades cuando se active la compuerta El Macayo, la cual controlaría el paso del agua de la presa Peñitas hacia el municipio de Centro.

Pero este control para mantener a salvo la zona central de Tabasco, implicaría la anegación de una vasta superficie de terreno en La Chontalpa, en virtud de lo cual ejidatarios de Nacajuca, Cunduacán y Jalpa de Méndez han solicitado apoyo a la bancada local del PRD para obtener la justa y legal indemnización que les corresponde.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Recursos Hidráulicos, Forestales y Pesqueros.

Asuntos generales

En el rubro de asuntos generales, el diputado José Antonio De la Vega Asmitia dio lectura a un documento emitido por integrantes del PRD y del PAN de la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda en el que cuestiona la convocatoria a sesión de la misma por legisladores del PRI.

Remarcó que una sesión con sólo tres integrantes no tendría carácter legal, además de que para convocar, el requisito es que deber ser para la elaboración y expedición de dictámenes, de acuerdo con el artículo 80 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.

En respuesta, la legisladora Amalín Yabur Elías sostuvo que la documentación proporcionada por la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda no incluye los informes técnicos y financieros de los municipios de La Chontalpa y Centro, competencia de esta instancia legislativa.

De la Vega Asmitia aseveró que todos los legisladores integrantes contaban con la misma documentación que para el caso remitió el Órgano Superior de Fiscalización.

En el debate también intervinieron los parlamentarios Fernando Calzada Falcón y José del Carmen Escayola Camacho, quien llamó a los diputados de oposición a reintegrarse al trabajo en comisiones para cumplir las encomiendas del Congreso.

A la sesión de este día también asistieron los legisladores Karina González Balcázar y Crisanto Salazar Ruiz.